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Aborto provocado: ¿Hay un proyecto de ley razonable?

Y, por el contrario, la preservación de ambas vidas puede ser una elección imposible si un problema de salud lo impide. Como en el caso de la tragedia de los bienes comunes, la solución no consistiría en salvarlos con la propiedad privada sino en la emancipación. Hay que deshacer también otro eslogan: la legalización del aborto provocado no es lo que se vota, porque el aborto legal, no punible, está en vigencia desde la aprobación del Código Penal, desde 1887. ¿Entonces qué se vota? Pero ningún efector ni el Estado como garante final quedan eximidos de brindar la mejor atención cuando exista cualquier complicación de salud surgida luego de una práctica para interrumpir el embarazo. Si la comercialización de prostaglandinas para la interrupción del embarazo es monopólica, como pasa ahora con el misoprostol que vende el laboratorio Beta a razón de la indefendible suma de tres mil pesos por envase, es porque el Estado falla en la aplicación de la legislación antimonopólica y no estimula la producción de misoprostol y mefipristona (prostaglandina alternativa) a través de uno de los 40 laboratorios públicos. Pero en los demás casos de solicitud de interrupción del embarazo, que son casi todos los casos, la falta de urgencia permite una consideración suficiente y necesaria como en cualquier consulta. En nuestro proyecto-fusión consideraremos las influencias positivas y negativas de las organizaciones internacionales, si agudizan sentidos críticos y creativos para elaborar la ley mejor adaptada a nuestras múltiples realidades, nacionales y federales, naturales y culturales. Entonces, el problema no es la muerte por aborto, sino la muerte evitable y la desigualdad de su proporción según el acceso a una atención de calidad. Todo ocurre como si se invirtieran los tantos: quienes van por la legalización prefieren garantizar el acceso al aborto sin modificar la estructura del contexto.

Y, por el contrario, la preservación de ambas vidas puede ser una elección imposible si un problema de salud lo impide.
Como en el caso de la tragedia de los bienes comunes, la solución no consistiría en salvarlos con la propiedad privada sino en la emancipación.
Hay que deshacer también otro eslogan: la legalización del aborto provocado no es lo que se vota, porque el aborto legal, no punible, está en vigencia desde la aprobación del Código Penal, desde 1887.
¿Entonces qué se vota?
Pero ningún efector ni el Estado como garante final quedan eximidos de brindar la mejor atención cuando exista cualquier complicación de salud surgida luego de una práctica para interrumpir el embarazo.
Si la comercialización de prostaglandinas para la interrupción del embarazo es monopólica, como pasa ahora con el misoprostol que vende el laboratorio Beta a razón de la indefendible suma de tres mil pesos por envase, es porque el Estado falla en la aplicación de la legislación antimonopólica y no estimula la producción de misoprostol y mefipristona (prostaglandina alternativa) a través de uno de los 40 laboratorios públicos.
Pero en los demás casos de solicitud de interrupción del embarazo, que son casi todos los casos, la falta de urgencia permite una consideración suficiente y necesaria como en cualquier consulta.
En nuestro proyecto-fusión consideraremos las influencias positivas y negativas de las organizaciones internacionales, si agudizan sentidos críticos y creativos para elaborar la ley mejor adaptada a nuestras múltiples realidades, nacionales y federales, naturales y culturales.
Entonces, el problema no es la muerte por aborto, sino la muerte evitable y la desigualdad de su proporción según el acceso a una atención de calidad.
Todo ocurre como si se invirtieran los tantos: quienes van por la legalización prefieren garantizar el acceso al aborto sin modificar la estructura del contexto.