Peru

Caso Odebrecht | Juez decidirá hoy el futuro de cinco empresarios peruanos

El Poder Judicial inició a primera hora de este domingo la audiencia en la cual se evalúa el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra cinco representantes de las empresas asociadas con la constructora Odebrecht en la ejecución de la Carretera Interoceánica. La audiencia se realiza en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho. Participa el fiscal Hamilton Castro, a cargo del Equipo Especial Anticorrupción que investiga el caso; y los abogados de los representantes de las empresas asociadas con Odebrecht en Perú. El juez Richard Concepción Carhuancho dio un receso a la audiencia y la reanudará a las 10 de la noche. Los implicados Halmiton Castro ha pedido prisión preventiva para Gonzalo Ferraro Rey, ex presidente del área de infraestructura de G&M; José Alejandro Graña Miró Quesada, ex presidente del director de G&M; Hernando Alejandro Graña Acuña; exdirector de G&M; José Fernando Castillo Dibós, director general de ICCGSA; y para Fernando Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A. Todas esas empresas fueron socias de Odebrecht en el Proyecto Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Según el Ministerio Público, pagaron S/ 41 millones a la constructora brasileña por el concepto de riesgos adicionales. “No se han generado documentos que sustenten por qué se pagaron esos riesgos adicionales”, dijeron los fiscales del caso. El nudo del caso Los ficales sostienen que ese pago sirvió para financiar la coima de 20 millones de dólares para el expresidente Alejandro Toledo, en cuya gestión se otorgó la concesión de la Interoceánica a Odebrecht en 2005. Esta información se basa en la declaración de Jorge Barara, ex director de la constructora brasileña en el Perú y hoy colaborador de la Justicia de Brasil por el caso Lava Jato. El 29 de noviembre, el Ministerio Público amplió la investigación preparatoria contra los cinco empresarios peruanos por los delitos de corrupción de funcionarios, bajo el tipo penal de colusión y lavado de activos.

El Poder Judicial inició a primera hora de este domingo la audiencia en la cual se evalúa el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra cinco representantes de las empresas asociadas con la constructora Odebrecht en la ejecución de la Carretera Interoceánica.
La audiencia se realiza en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.
Participa el fiscal Hamilton Castro, a cargo del Equipo Especial Anticorrupción que investiga el caso; y los abogados de los representantes de las empresas asociadas con Odebrecht en Perú.
El juez Richard Concepción Carhuancho dio un receso a la audiencia y la reanudará a las 10 de la noche.
Los implicados Halmiton Castro ha pedido prisión preventiva para Gonzalo Ferraro Rey, ex presidente del área de infraestructura de G&M; José Alejandro Graña Miró Quesada, ex presidente del director de G&M; Hernando Alejandro Graña Acuña; exdirector de G&M; José Fernando Castillo Dibós, director general de ICCGSA; y para Fernando Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A. Todas esas empresas fueron socias de Odebrecht en el Proyecto Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
Según el Ministerio Público, pagaron S/ 41 millones a la constructora brasileña por el concepto de riesgos adicionales.
“No se han generado documentos que sustenten por qué se pagaron esos riesgos adicionales”, dijeron los fiscales del caso.
El nudo del caso Los ficales sostienen que ese pago sirvió para financiar la coima de 20 millones de dólares para el expresidente Alejandro Toledo, en cuya gestión se otorgó la concesión de la Interoceánica a Odebrecht en 2005.
Esta información se basa en la declaración de Jorge Barara, ex director de la constructora brasileña en el Perú y hoy colaborador de la Justicia de Brasil por el caso Lava Jato.
El 29 de noviembre, el Ministerio Público amplió la investigación preparatoria contra los cinco empresarios peruanos por los delitos de corrupción de funcionarios, bajo el tipo penal de colusión y lavado de activos.