Colombia

Exmagistrado Francisco Ricaurte seguirá recluido en la Picota

El abogado defensor del exmagistrado, Álvaro Luna Cote, había solicitado la libertad de su cliente bajo el argumento que este ya no puede obstruir la justicia, debido a que el ente acusador expuso todo el material probatorio. Sin embargo, el juez considera todo lo contrario, por la condición que sostuvo durante el tiempo que ejerció como magistrado. Ricaurte fue acusado el 16 de marzo de este año por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada. Para la Fiscalía, de esa alianza criminal se derivaron varios actos de corrupción que relacionan al senador Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur. En el caso de Ashton, la Fiscalía dice que se medió en la investigación que se le adelanta en la Corte Suprema desde 2012, por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz, de las Autodefensas, en el cual tenía de abogado a Luis Ignacio Lyons y que tuvo desde 2013 como ponente a Gustavo Malo. Pero como esto no se logró, “optaron por promover la salida del magistrado auxiliar que había propuesto apertura de instrucción, manipular evidencia y dilatar la investigación previa con miras a la prescripción y evitar así una eventual apertura formal”, relató el fiscal del caso. También resaltó que Ricaurte le dijo a Moreno cómo acordar el cobro y que el exmagistrado se quedó con 400 millones de pesos. En el caso de Besaile, la Fiscalía señaló que a finales de 2014 Ricaurte le ordenó a Moreno comunicarse con este y acordar el pago de 2000 millones de pesos, de los cuales habría recibido una parte el magistrado Malo, para evitar la captura de un procesado por parapolítica. En el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, la Fiscalía indicó que en octubre de 2014 este contactó al exmagistrado Camilo Tarquino para que lo ayudara a que “las altas cortes y la Fiscalía tuviesen claros los hechos que habían ocurrido en un tema de regalías”, para lo cual entregó 30 millones de pesos. No obstante, Tarquino le pide 20.000 millones y le informa que hay “un equipo” de magistrados dedicados a este tipo de soluciones.

El abogado defensor del exmagistrado, Álvaro Luna Cote, había solicitado la libertad de su cliente bajo el argumento que este ya no puede obstruir la justicia, debido a que el ente acusador expuso todo el material probatorio.
Sin embargo, el juez considera todo lo contrario, por la condición que sostuvo durante el tiempo que ejerció como magistrado.
Ricaurte fue acusado el 16 de marzo de este año por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada.
Para la Fiscalía, de esa alianza criminal se derivaron varios actos de corrupción que relacionan al senador Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur.
En el caso de Ashton, la Fiscalía dice que se medió en la investigación que se le adelanta en la Corte Suprema desde 2012, por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz, de las Autodefensas, en el cual tenía de abogado a Luis Ignacio Lyons y que tuvo desde 2013 como ponente a Gustavo Malo.
Pero como esto no se logró, “optaron por promover la salida del magistrado auxiliar que había propuesto apertura de instrucción, manipular evidencia y dilatar la investigación previa con miras a la prescripción y evitar así una eventual apertura formal”, relató el fiscal del caso.
También resaltó que Ricaurte le dijo a Moreno cómo acordar el cobro y que el exmagistrado se quedó con 400 millones de pesos.
En el caso de Besaile, la Fiscalía señaló que a finales de 2014 Ricaurte le ordenó a Moreno comunicarse con este y acordar el pago de 2000 millones de pesos, de los cuales habría recibido una parte el magistrado Malo, para evitar la captura de un procesado por parapolítica.
En el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, la Fiscalía indicó que en octubre de 2014 este contactó al exmagistrado Camilo Tarquino para que lo ayudara a que “las altas cortes y la Fiscalía tuviesen claros los hechos que habían ocurrido en un tema de regalías”, para lo cual entregó 30 millones de pesos.
No obstante, Tarquino le pide 20.000 millones y le informa que hay “un equipo” de magistrados dedicados a este tipo de soluciones.