Peru

Minjus: Norma que afecta a exsocias de Odebrecht obstruye la actividad empresarial

El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, adelantó que observarán parte del Decreto de Urgencia N° 003, modificado por el Congreso mediante el cual se castiga a las exsocias de la constructora brasileña Odebrecht, pues esta medida no debe obstruir la actividad empresarial. Modificar "lineamientos" “Creo que hay que replantear algunos lineamientos, para que sea más fluido y no tan difícil. Vamos a hacer observaciones parciales que haremos conocer al Congreso en el más breve plazo, a efectos de que las consideren, analicen y de ser posible las aprueben”, comentó. Mendoza indicó que el caso Lava Jato es el más complejo que la justicia peruana ha afrontado en los últimos 50 años, debido que además de involucra a políticos y a los partidos, atañe a las empresas más grandes del país. Añadió al diario Gestión que el DU en cuestión debe permitir que las actividades de estas empresas continúen, pues a la fecha sólo los activos de la investigada Odebrecht han sido castigados. Según la norma aprobada en noviembre, las empresas condenadas por corrupción, las socias y consorciadas de compañías corruptas no podrán transferir dinero del país hasta que se pague el total de la reparación civil al Estado ni podrán vender sus activos sin autorización. Asimismo se les retendrá las utilidades sobre contratos vigentes con el Estado.

El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, adelantó que observarán parte del Decreto de Urgencia N° 003, modificado por el Congreso mediante el cual se castiga a las exsocias de la constructora brasileña Odebrecht, pues esta medida no debe obstruir la actividad empresarial.
Modificar “lineamientos” “Creo que hay que replantear algunos lineamientos, para que sea más fluido y no tan difícil.
Vamos a hacer observaciones parciales que haremos conocer al Congreso en el más breve plazo, a efectos de que las consideren, analicen y de ser posible las aprueben”, comentó.
Mendoza indicó que el caso Lava Jato es el más complejo que la justicia peruana ha afrontado en los últimos 50 años, debido que además de involucra a políticos y a los partidos, atañe a las empresas más grandes del país.
Añadió al diario Gestión que el DU en cuestión debe permitir que las actividades de estas empresas continúen, pues a la fecha sólo los activos de la investigada Odebrecht han sido castigados.
Según la norma aprobada en noviembre, las empresas condenadas por corrupción, las socias y consorciadas de compañías corruptas no podrán transferir dinero del país hasta que se pague el total de la reparación civil al Estado ni podrán vender sus activos sin autorización.
Asimismo se les retendrá las utilidades sobre contratos vigentes con el Estado.