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Estado no hizo esfuerzos para llevar “ley y orden” a zonas que dejó Farc tras desarme

En la presentación del balance anual del CICR que incluye los retos para 2019, el jefe de la delegación de ese organismo en Colombia, Christoph Harnisch, dijo en una rueda de prensa que en 2018 “todos los indicadores humanitarios” en Colombia registraron “una tendencia negativa”: “No hubo esfuerzos suficientemente decididos para traer a todas estas zonas (de las que salieron las FARC) lo que se puede llamar ley y orden. Entre esos índices, destacó que el número de casos de víctimas de minas antipersona y de artefactos explosivos se incrementaron casi en un 300 % al pasar de 57, en 2017, a 221, en 2018. Sin embargo, no solo se mantuvo sino que los efectos tienen actualmente unas fuertes “consecuencias para las comunidades porque no pueden moverse” de sus lugares de residencia ante el temor a pisar una mina, situación especialmente compleja en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, y en el Cauca (suroeste). Es urgente que el Estado colombiano asegure una presencia estable en las regiones más apartadas de Colombia, que no debe limitarse solo al control territorial 👇🏼 — CICR Colombia (@CICR_co) March 28, 2019 Por otra parte, el informe recoge un incremento del 90 % en las cifras de desplazamiento, puesto que en 2017 hubo 14.594 casos y en 2018 fueron 27.780. Por si fuera poco, la desaparición forzosa también ha crecido y en 2018 se produjo una cada cuatro días. Para él, no se debe hablar de posconflicto tras el desarme de las Farc puesto que perviven cinco conflictos armados. Cuatro de ellos son los que sostiene el Estado con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (Eln); el Ejército Popular de Liberación (Epl), también conocidos como ‘Los Pelusos’ y considerados como una banda narcotraficante; las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), banda criminal heredera del paramilitarismo. Además, existe un quinto conflicto que sostienen el Eln y el Epl en la selvática región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y que está fuertemente vinculado a la lucha por el control de las rutas del narcotráfico, según las autoridades. “En este entorno se crearon, en base de muchas economías ilegales, de muchos intereses ilegales, dinámicas conflictivas en las que la población civil se ven completamente desprotegida”, agregó. En los meses posteriores a la salida de las Farc, se generó una esperanza en las comunidades más afectadas por el conflicto que disminuyó de manera progresiva.

Así lo afirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un informe que asegura que la situación humanitaria en Colombia se agravó notablemente en 2018.

Guerrillero Eln
Guerrillero del Eln en las casas de las laderas del río San Juan, en Chocó. |

En la presentación del balance anual del CICR que incluye los retos para 2019, el jefe de la delegación de ese organismo en Colombia, Christoph Harnisch, dijo en una rueda de prensa que en 2018 “todos los indicadores humanitarios” en Colombia registraron “una tendencia negativa”:

“No hubo esfuerzos suficientemente decididos para traer a todas estas zonas (de las que salieron las FARC) lo que se puede llamar ley y orden. No hubo suficientes esfuerzos para poner estas zonas en el mapa de las prioridades de la acción, no solamente del Estado, sino también de los actores locales”.

Entre esos índices, destacó que el número de casos de víctimas de minas antipersona y de artefactos explosivos se incrementaron casi en un 300 % al pasar de 57, en 2017, a 221, en 2018.

Del esos 221 casos, 128 eran civiles, de los que 26 eran menores de edad. En total, 31 personas fallecieron como consecuencia de las minas antipersonal y explosivos improvisados.

Harnisch explicó que sembrar minas “fue una táctica (usada) en el pasado”, que se pensaba entre 2016 y 2017 que iba a desaparecer al calor del acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la ya desmovilizada guerrilla de las Farc.

Sin embargo, no solo se mantuvo sino que los efectos tienen actualmente unas fuertes “consecuencias para las comunidades porque no pueden moverse” de sus lugares de residencia ante el temor a pisar una mina, situación especialmente compleja en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, y en el Cauca (suroeste).

Es urgente que el Estado colombiano asegure una presencia estable en las regiones más apartadas de Colombia, que no debe limitarse solo al control territorial 👇🏼